2025.3.18 Detenido en Villacarrillo, Jaén, el patrón sospechoso de la desaparición de un jornalero senegalés en 2021
El empresario aceitunero Ginés V.L. ha sido detenido por la Guardia Civil acusado de la desaparición forzosa de Ibrahima Diouf
En 2016 este mismo empresario fue condenado a dos años y medio de cárcel y 11.400 euros de multa por explotación laboral
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido a Ginés V.L., el empresario aceitunero sospechoso de la desaparición forzosa en Villacarrillo (Jaén) de Ibrahima Diouf, un jornalero senegalés de 31 años y del que no se tuvo más noticias desde el 5 de enero de 2021.
Fuentes de la Guardia Civil han informado de la detención del patrón, que ha sido trasladado al cuartel de Baeza (Jaén) para tomarle declaración, y han indicado que posteriormente se llevarán a cabo una serie de registros en viviendas y propiedades del empresario.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha investigado durante meses la desaparición de Ibrahima Diouf y ahora ha detenido al patrón, un empresario condenado en 2016 por la Audiencia Provincial a dos años y medio de cárcel, así como al pago de multas de hasta 11.400 euros por explotación laboral y defraudación de fluido eléctrico, además de un delito contra la Administración de Justicia.
Absuelto de la desaparición de otro temporero
También fue acusado de la desaparición de otro temporero a su cargo en 2013, Tidiany Coulibaly, malí de 22 años, y del que fue absuelto por falta de pruebas.
La historia de Tidiany, de Mali, y de Ibrahima, de Senegal, dos inmigrantes temporeros que desaparecieron en 2013 y en 2021, respectivamente, cuando trabajaban en la recolección de la aceituna en Jaén bajo las órdenes del mismo jefe, ha llegado ahora al cine de la mano del documental Jornaleros: el mal patrón, producido por EntreFronteras.
El suceso en torno a Tidiany desembocó en protestas en el pueblo jienense de Villacarrillo, el mayor productor de aceite de oliva del mundo. Sus calles se llenaron de cientos de temporeros africanos exigiendo una investigación exhaustiva.
2025.3.17 Una interna mata a una compañera en una residencia para personas con discapacidad intelectual en Arroyomolinos
La atacante, de 19 años, intentó huir del lugar tras el crimen, pero fue detenida por la Guardia Civil.
Una joven de 19 años ha matado a otra interna, de 62, en una residencia para personas con discapacidad intelectual situada en la localidad madrileña de Arroyomolinos, donde ambas estaban internadas.
Según ha informado este lunes la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, los hechos tuvieron lugar este domingo por la tarde, minutos antes de las siete, en el centro de la Guardia Hermanas Hospitalarias.
Por el momento se desconocen las causas y circunstancias en las que se produjo el ataque, que ahora investiga el Grupo de Homicidios del Instituto Armado.
Tras el crimen, la atacante huyó del lugar, dejando a la víctima moribunda en el suelo entre un gran charco de sangre. Finalmente, fue localizada cerca de la residencia y arrestada. Según han añadido fuentes de la investigación, al ver la situación, los otros pacientes del centro comenzaron a autolesionarse y se pusieron agresivos hasta que la situación se pudo controlar.
La residencia pide respeto
Por su parte, la residencia donde ocurrieron los hechos ha solicitado respeto para preservar la dignidad de la persona fallecida en el centro, así como para el proceso de investigación en curso. “Queremos trasmitir que lamentamos profundamente el incidente ocurrido en la tarde de este domingo, que tuvo como consecuencia el fallecimiento de una de nuestras residentes, quien formaba parte de la comunidad de nuestro centro desde hace más de 40 años”, han señalado en un comunicado.
2025.3.17 La Fiscalía denuncia nueve casos de supuesto abandono a ancianos muertos en residencias de Madrid en pandemia
El Ministerio Público judicializa nuevas demandas de familiares de personas fallecidas en centros geriátricos de la Comunidad después de que 109 personas presentaran quejas por la muerte de sus mayores durante los primeros meses de pandemia sin ser hospitalizados
La Fiscalía ha presentado nueve denuncias por el supuesto abandono de ancianos fallecidos en residencias de la Comunidad de Madrid durante los primeros meses de pandemia de coronavirus. El Ministerio Público madrileño ha decidido judicializar estos casos después de que más de un centenar de familiares acudieran a exigir responsabilidades por la negativa de los responsables sanitarios a derivar a sus mayores a un hospital cuando enfermaron. En las últimas semanas, al menos dos juzgados de la región han archivado denuncias por casos similares en residencias de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso.
Los familiares de ancianos fallecidos en las residencias llevan varios años denunciando en los juzgados que sus mayores murieron durante la pandemia en centros geriátricos sin que los facultativos ordenaran su derivación a los hospitales de la región, donde entienden que habrían tenido más posibilidades de superar la infección del coronavirus. El núcleo de sus denuncias centra su objetivo en los protocolos bautizados como ‘de la vergüenza’ que, según denuncian, impidió que recibieran un mejor tratamiento.
Varias decenas de juzgados de toda la región han investigado casos concretos y han llamado a declarar tanto a geriatras de esas residencias como a familiares de los fallecidos y a responsables políticos sanitarios del momento como el exconsejero Alberto Reyero o Carlos Mur. Tal y como ha revelado elDiario.es, al menos dos juzgados han archivado recientemente sus investigaciones amparando la actuación de los médicos en el desastre sanitario del momento y, en uno de los casos, entre críticas a los protocolos de no derivación.
Más de un centenar de familiares decidieron recientemente acudir a la Fiscalía de Madrid. Un total de 109 personas reclamando que el fallecimiento de 115 ancianos en residencias fueran investigados por la vía penal. El departamento que dirige Almudena Lastra, según ha informado este lunes, ha decidido judicializar nueve de ellos. La mayor parte de estas investigaciones estudian posibles delitos de omisión del deber de socorro y también homicidio imprudente.
La Fiscalía madrileña explica en su comunicado que los juzgados madrileños han archivado hasta 54 procesos sobre muertes en residencia desde finales de 2022 aunque 13 de esos archivos están pendientes de recursos presentados ante la Audiencia Provincial de Madrid. Además de las nueve denuncias nuevas presentadas por la Fiscalía, el Ministerio Público ha comprobado que algunos de los casos incluidos en ese centenar de nuevas comparecencias ya estaban siendo analizados por distintos juzgados. Las nuevas denuncias han sido presentadas en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, entre otras localidades.
2025.3.17 Uno de los menores detenidos por la muerte violenta de la educadora de Badajoz intenta golpear a otra cuidadora en el centro donde está recluido
La intervención de un vigilante de seguridad, decisiva para que no se consumase la agresión
El menor de 15 años detenido por la muerte de la educadora Belén Cortés Flor hace justo una semana ha sido acusado de agredir a una cuidadora del Centro Marcelo Nessi de Badajoz. El menor fue trasladado a este centro por orden judicial y a petición de la Fiscalía de Menores junto a los otros dos presuntos implicados en el crimen, de 14 y 17 años. El nuevo incidente tuvo lugar este fin de semana, donde también se ha producido un intento de motín.
El menor habría tratado de golpear a la educadora aunque la agresión finalmente no se consumó porque actuó un vigilante de seguridad que trabaja en este centro de internamiento para menores, que logró reducir al joven. La cuidadora no sufrió lesiones físicas, pero se encuentra afectada anímicamente.
Este menor había sido denunciado por el padre del otro chico detenido, el de 14 años -denuncia que extendió a la madre del mismo-, por incitar a su hijo al consumo de drogas y a cometer varios delitos durante la última fuga del piso tulelado, donde robaron en un bar de Villafranca de los Barros para poder conseguir dinero y consumir droga.
El joven ha sido aislado del resto de menores como medida preventiva tras el suceso. También se ha dado traslado de lo ocurrido al Juzgado de Menores, que puede aplicar medidas más restrictivas.
Cuando fueron ingresados en el centro de menores Marcelo Nessi, los tres supuestos autores del homicidio habían sido separados por módulos.
“Pasa lo que pasa”
EL MUNDO se hizo eco este sábado de las denuncias de dos trabajadoras de dicho centro, en el que suele haber una treintena de jóvenes, de entre 14 y 21 años -“llegan a esa edad los que cumplen penas largas, que superan los 18 años”-.Les cuidan y disciplinan unos 100 trabajadores, “entre psicólogos, educadores, vigilantes, pinches, camareros”.
“Lo que está pasando es muy grave, estaba claro que algo iba a suceder”, dice la trabajadora más veterana sobre la muerte, asfixiada con un cinturón, de la educadora social Belén Cortés a manos de tres menores. Al Marcelo Nessi son derivados muchachos desde pisos tutelados como aquel en que tuvo lugar el asesinato de Cortés. “Nos llegan de ahí ya muy maleados”, dice la mujer. “Vienen con una agresividad especial, y es porque no se es contundente con ellos: todo se negocia. No se les da el mensaje de que las reglas son para cumplirlas… Y pasa lo que pasa”.
2025.3.17 Caso Monedero: 14 profesores de la Universidad Complutense han sido denunciados en los últimos tres años por alumnas por acoso sexual
Desde 2022, la Unidad de Igualdad ha intervenido en 27 casos. Hay una decena de denuncias contra estudiantes y cuatro contra técnicos del campus
Hasta 14 profesores de la Universidad Complutense de Madrid han sido denunciados por sus alumnas o por otras docentes por presuntos casos de acoso sexual o acoso sexista en los últimos tres años. Así lo indica un papel que ha facilitado este lunes por la noche el centro universitario, que mantiene investigado a Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, después de que trascendieran varias denuncias contra él por un supuesto acoso sexual; entre ellas, una alumna de este campus.
Fuentes de la universidad explican que no hay ninguna novedad respecto al caso Monedero, pero, a modo de ejemplo del trabajo que realiza su Unidad de Igualdad, han distribuido una relación de “casos activados” en virtud del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y/o sexista, que está en vigor desde su aprobación en Consejo de Gobierno en abril de 2022.
En esa relación anónima de casos se encuentra Monedero, que fue denunciado por una estudiante a principios de este año y que ha sido sustituido tras pedir una baja médica. La universidad ha abierto contra él un expediente de información reservada y el caso está siendo instruido por la Inspección de Servicios. El procedimiento, que puede durar meses, termina con una resolución que debe dictar el rector Joaquín Goyache. Podemos no ha abierto una investigación ni adoptado medidas disciplinarias contra Monedero, más allá de alejarlo de toda la actividad pública y privada del partido.
Además de en este escándalo, la Unidad de Igualdad de la Complutense intervino en cuatro denuncias de 2022, 14 de 2023, seis de 2024 y dos en 2025. Son un total de 27 casos. Catorce de ellos contra profesores. Hay nueve de denuncias contra al menos nueve estudiantes y cuatro contra personal técnico, de gestión y de administración y servicios del campus.
La Complutense no ha querido precisar en qué han quedado esas denuncias, cuántos expedientes disciplinarios se han abierto o si se ha terminado archivando alguna o acudiendo a la Fiscalía.
Sólo precisa que “no son casos de agresión sexual ni de otras violencias de género, ya que éstas no son objeto del Protocolo de Actuación frente al Acoso Sexual y/o Sexista de la UCM”. “Las personas que sufren diferentes violencias de género, aunque no activan el citado protocolo, reciben acompañamiento y asesoramiento, así como búsqueda de recursos especializados”, señala.
También indica que “la Unidad de Igualdad no puede sancionar, es una unidad meramente tramitadora, de asesoramiento y de búsqueda de recursos”.
Entre la enumeración de denuncias, las mayoritarias son las que interponen nueve alumnas contra nueve profesores y varias estudiantes en prácticas contra otros cuatro funcionarios de la universidad. También hay ocho alumnas que denuncian a otros estudiantes y una estudiante que presuntamente habría sufrido acoso por parte de un paciente de clínica.
La Complutense ha tenido también conocimiento de tres profesoras que denuncian por estas conductas a cuatro profesores. También hay un caso de una coordinadora de máster que denuncia a un estudiante en prácticas, un miembro del vicedecanato que da parte de un alumno, una funcionaria que denuncia a otro funcionario y dos docentes que denuncian a una profesora.
2025.3.17 El número de personas desaparecidas en España aumenta un 6% en 2024
En total, en 2024 se han investigado las desapariciones de 16.147 personas en España
En los tres primeros meses del año, hay 6.638 casos de personas desaparecidas en investigación
Las fuerzas de seguridad del Estado investigaron denuncias de desapariciones de 16.147 personas en 2024 en España, un 6% que en 2023. Además, se esclareció el 95,5% de las denuncias, de las cuales un 72% se hizo en menos de una semana.
Estos datos han sido facilitados este lunes en la cuarta reunión de la Comisión de Seguimiento del I Plan Estratégico en Materia de Personas Desaparecidas (2022-2024), presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha mantenido un encuentro con representantes de las familias, asociaciones y fundaciones del sector.
Según fuentes del Ministerio del Interior, en la actualidad —a día uno de marzo de 2025— se investigan las desapariciones de 6.638 personas en España.
El último informe anual del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) refleja que los agentes registraron en 2024 un total de 26.345 denuncias, de las cuales 11.552 correspondieron a ciudadanos con un único episodio de desaparición y el resto a reincidentes, con una media de 3,2 denuncias por persona, un índice de repetición que es más alto entre los adolescentes.
El 50,6% de los desaparecidos son mayores de edad y un 49,4%, menores. Además, dos de cada tres afectados son varones españoles y el 91% de los casos son catalogados como ausencias voluntarias, según revela el informe. Por otro lado, un total de 325 de las desapariciones denunciadas finalizaron con fallecimiento (1,4%), en 147 casos por motivo accidental y en 75 por suicidio.
Por comunidades autónomas las que presentaron un mayor número de desaparecidos en 2024 fueron Canarias (4.502), Madrid (4.434), Cataluña (3.622) y Andalucía (3.443). Por provincias, las que registraron mayores cifras fueron Madrid (4.434), Las Palmas (3.333), Barcelona (2.547) y Valencia (1.505).
“Todas las familias tienen derecho a saber qué pasó”
“No olvidamos ningún caso hasta que se resuelve, no importan los años que hayan pasado, todas las familias tienen derecho a saber qué pasó con su ser querido”, ha señalado en el encuentro el ministro del Interior, quien también ha subrayado que los datos de esclarecimientos “dan muestra del esfuerzo realizado en las investigaciones”.
En este sentido, ha reiterado su solidaridad con las víctimas de la dana de Valencia del pasado mes de octubre y ha recordado a las tres personas que aún permanecen desaparecidas: “Nadie dejará de buscarlas”.
Marlaska ha presentado los nuevos carteles oficiales de desaparecidos, que ofrecen más información, fotografías más grandes y medidas de protección adicionales para las imágenes de los afectados. “Queremos ayudar en la localización de las personas desaparecidas, pero también, con la misma intensidad, respetar su dignidad”, ha afirmado.
Los nuevos carteles oficiales incorporan un código QR con información adicional sobre los casos como herramienta para luchar contra la desinformación en un ámbito tan sensible, están autorizados por los agentes involucrados en la investigación y consensuados con las familias de los desaparecidos.
Además, el Centro Nacional de Desaparecidos reducirá la huella digital de las imágenes de los afectados de tal forma que se eliminan los apellidos del desaparecido y los carteles desaparecerán en menos de 12 horas tras el esclarecimiento de los casos en lugar de las 48 actuales. Se busca así evitar la difusión incontrolada en redes y plataformas de la imagen de una persona cuyo paradero ha sido resuelto.
Nuevas medidas para investigar desapariciones de larga duración
Interior ultima el segundo plan con un protocolo único de coordinación entre los cuerpos policiales estatales y autonómicos, refuerzo de formación de agentes y la incorporación de un apartado enfocado a las desapariciones internacionales, así como nuevas medidas para la investigación de las desapariciones de larga duración, que estará en marcha en 2025 y tendrá una duración ampliada a cuatro años.
Para las desapariciones de larga duración, el CNDES ha incorporado el rastreo de boletines oficiales y archivos históricos para comparar las declaraciones de fallecimiento publicadas por los juzgados con la Base de Personas Desaparecidas y Restos Humanos (PDyRH). En los casos de desapariciones superiores a los diez años (o cinco en ciudadanos mayores de 75) las familias pueden solicitar la declaración judicial de fallecimiento y como último trámite se publica el expediente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El CNDES trabaja para revisar esas declaraciones antiguas y acotar la identidad de los afectados con los más de 3.500 restos de personas sin identificar con ADN o huellas clasificadas en la base de datos PDyRH.
Durante los tres primeros años del plan, los especialistas del sistema PDyRH esclarecieron 35 desapariciones de larga duración y solo en los primeros pasos con rastreo de boletines y archivos, el CNDES ha identificado a nueve desaparecidos entre 1977 y 2004.
2025.3.17 La jueza avala la eutanasia de la joven de 24 años que paralizó su padre en Barcelona
Desestima así el recurso que presentó el progenitor, representado por el colectivo Abogados Cristianos
La Generalitat catalana dio luz verde al proceso, tras el primer juicio en España por el derecho a la muerte digna
La titular del juzgado de lo contencioso número 12 de Barcelona ha avalado la eutanasia de Noelia, la joven de 24 años afectada por una paraplejia cuyo padre paralizó in extremis su muerte asistida el pasado mes de agosto, a través de un recurso en los tribunales.
En su sentencia, la jueza desestima el recurso que presentó el progenitor de la joven, representado por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos, contra la decisión de la Generalitat de dar luz verde a su eutanasia, tras el primer juicio celebrado en España por el derecho a la muerte digna.
El padre se oponía a la eutanasia alegando que su hija sufre problemas mentales que la incapacitaban para tomar esta decisión, pero la titular argumenta que no se ha aportado ninguna prueba de que tenga disminuidas las capacidades, que además fueron analizadas por diversos profesionales durante el procedimiento.
Concluye que, “no se encuentra justificada” la petición del padre de impedir la muerte digna de la hija, que es mayor de edad y que, aunque tiene un trastorno límite de la personalidad, según el informe psiquiátrico realizado, no sufre ninguna crisis o descompensación relacionada con el mismo que afecte a sus capacidades.
Habilidades cognitivas y psicológicas suficientes
“La solicitante mantiene la capacidad de hecho para solicitar la ayuda para morir” porque tiene las habilidades cognitivas y psicológicas suficientes para gobernar sus actos y no consta que estén alteradas las funciones mentales, en palabras de la jueza, que añade que una persona con un trastorno límite de la personalidad que se encuentra estable mantiene las habilidades cognitivas que le permiten comprender, apreciar y razonar “adecuadamente” a la información recibida para tomar una decisión y expresarla, como es el caso de esta joven.
Aunque el análisis efectuado por una psiquiatra muestra síntomas depresivos de forma crónica y el del Instituto Guttmann alude a un trastorno de adaptación con síntomas de ansiedad y depresión, ninguno de los dos habla de un trastorno depresivo mayor ni que la paciente tuviese una percepción “distorsionada”, continúa la magistrada.
Además, sostiene que no hay ninguna tentativa suicida desde octubre de 2022 y tampoco consta que ahora haya “ideas de suicidio estructuradas”, por lo que también descarta este argumento -en contra de lo que manifestaba Abogados Cristianos- para imposibilitar que pueda solicitar la prestación de ayuda a la muerte digna.
La magistrada indica asimismo que el “enorme afecto” que el padre pueda sentir hacia su hija, del que no se duda, no constituye una razón suficiente para justificar su legitimación activa en este proceso, por lo que ha acordado inadmitir su recurso.
Por todo ello, concluye que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2021 de Regulación de la Eutanasia, que establece que la paciente sufre limitaciones sobre la autonomía física y actividades diarias, al punto de no poder valerse por sí misma, que presenta un sufrimiento físico y psíquico constante y que no hay un pronóstico de mejora o curación.
Abogados Cristianos recurrirá la sentencia
La sentencia no es firme y las partes pueden presentar un recurso de apelación ante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Desde Abogados Cristianos ya han anunciado que van a recurrirla. “La juez inadmite la solicitud del padre de Noelia porque considera que no tiene legitimación. Sin entrar a valorar cuestiones tan importantes como las irregularidades cometidas por la dupla que autorizó la eutanasia de la joven y que supondría la nulidad de todo el procedimiento. Recurriremos la sentencia e iniciaremos acciones penales”, han indicado en un comunicado.
El letrado de Abogados Cristianos que representa al padre de Noelia pidió a la jueza que revocase el aval que dio la Generalitat a su muerte asistida al considerar que el proceso fue “fraudulento”. El abogado presentó un escrito ante la titular del juzgado contencioso número 12 de Barcelona, que esta ha terminado desestimando, después de que la Generalitat y la Fiscalía hayan avalado que la joven cumple los requisitos.
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